Sanguino Abogados ha sido una de las firmas invitadas a participar como ponente en una Jornada sobre el Impuesto de Sucesiones organizada por la Cámara de Comercio de Sevilla y la Confederación de Empresarios de Sevilla. Tomás Rivero, abogado Socio de Sanguino Abogados y especialista en asesoramiento tributario ha sido el encargado de exponer los detalles del análisis comparativo de la carga de este impuesto entre Andalucía y el resto de comunidades autónoma.
Este análisis corrobora que la situación actual con 19 comunidades que presentan impuestos de sucesiones y donaciones diferentes no es muy sostenible en tanto en cuanto se se está consolidando una evasión de contribuyentes de unas regiones a otras. El trasvase de contribuyentes desde Andalucía con destino a la Comunidad de Madrid es el más evidente, lo que certifica -según Tomás Rivero- la injusticia que presenta actualmente la aplicación de este impuesto.
Según Tomás Rivero, “la evasión fiscal que se produce vía cambio de residencia desde Andalucía a Madrid no sólo afecta al impuesto de sucesiones y donaciones, también afecta a otros tributos que dejan de recaudarse como por ejemplo el tramo autonómico del IRPF debido al cambio de domicilio fiscal que se produce por la presión de la alta carga que genera el impuesto de sucesiones.
La Jornada fue inaugurada por el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero y por el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus. Además también participaron José Ignacio de Rioja, notario de Sevilla, con la ponencia sobre “Las valoraciones administrativas de los bienes integrantes de la herencia”; Ignacio Martínez, del despacho de abogados MAIO-Martínez Escribano, que ha planteado los puntos de conexión del impuesto de sucesiones con un análisis sobre dónde se paga y bajo qué normativa; y Joaquín Cuesta, de Cuatrecasas que ha centrado su intervención en las bonificaciones en el impuesto de sucesiones, haciendo especial referencia a lo aplicable a la empresa familiar.
El presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla Francisco Herrero, ha considerado durante su intervención que “no es admisible que un tributo condene la continuidad de las empresas y del ejercicio de su actividad, y termine por convertirse en un “certificado de defunción” de las mismas, y un gravoso para la economía regional”.
Así, ha explicado que este impuesto está provocando que “las herencias se estén quedando en las notarías, porque la gente no puede pagar, y que pequeños empresarios tengan que renunciar al negocio familiar por no poder hacer frente a dichas cargas impositivas. Sin olvidar que muchos empresarios no quieran estar domiciliados aquí, dada la discriminación que tienen las empresas en Andalucía con respecto a dicho impuesto, frente a comunidades como Madrid o La Rioja donde no se tributa”.
Por su parte, el Presidente de la CES, Miguel Rus ha trasladado que dicho impuesto es “tremendamente insolidario con el ciudadano español, y propone la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio de manera definitiva, y la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, o al menos se eleve el mínimo exento, se reduzcan los tipos y se elimine el coeficiente multiplicador en función del patrimonio preexistente”. “Se trata, en definitiva de lograr la supresión de las cargas fiscales que soportan las empresas y las familias como acicate para la recuperación y para la creación de riqueza y empleo”, ha explicado Rus.
Todos los asesores fiscales participantes han coincidido en que el debate se extiende sin duda por diversas regiones, que en el caso de Andalucía, va en aumento ya que cuenta con los coeficientes más altos de España. Y que a pesar de que el Gobierno andaluz ha transigido en aumentar el límite mínimo heredado para empezar a tributar, pasando de 250.000 a 300.000 euros, sigue siendo un asunto injusto y polémico.
