Sanguino Abogados ha presentado este viernes 28 de julio en la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra la Resolución dictada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de fecha 7 de junio de 2017 relativa a la venta del Banco Popular, por entender que la misma es contraria a Derecho. Este recurso ha sido presentado por el despacho Sanguino Abogados en nombre de la Asociación de Afectados por la venta del Banco Popular, plataforma a la que representa.
Este recurso contencioso administrativo es una nueva acción del despacho Sanguino Abogados en defensa de las 300 personas y empresas que se han sumado a esta Asociación. En este sentido, Sanguino Abogados y la propia Asociación de Afectados denuncian que el proceso de venta llevado a cabo por el FROB, tras la habilitación concedida por la Junta Única de Resolución, no reunía los requisitos de transparencia y legalidad que requería una operación de tal trascendencia.
Asimismo Sanguino Abogados considera que en todo este proceso se le procuró al Banco Santander una posición más ventajosa a fin de que finalmente adquiriese la entidad Banco Popular en las condiciones ya conocidas, y que acabó provocando que miles de accionistas minoristas perdieran sus inversiones.
Este recurso se suma a la denuncia colectiva que Sanguino Abogados ha presentado también ante la Audiencia Nacional en nombre de la Asociación de Afectados por la Venta del Banco Popular. El objetivo fundamental de esta denuncia dirigida contra la cúpula directiva al completo del Banco Popular antes de su venta y contra la empresa auditora de esta entidad PriceWaterHouseCoopers es resarcir los daños patrimoniales que han sufrido todos los accionistas, bonistas o inversores de deuda subordinada del Banco Popular que están integrados en esta Asociación.
Pero la denuncia presentada por el despacho Sanguino Abogados va más allá de todos los movimientos judiciales emprendidos hasta el momento por las diferentes plataformas y organizaciones de afectados por la venta del Banco Popular. La principal novedad es que Sanguino Abogados ha solicitado a la Audiencia Nacional la adopción de medidas cautelares para que se suspendan de forma provisional los contratos de los préstamos que el Banco Popular firmó con personas y empresas para la compra de acciones de esta entidad.
Se trata de una medida que el despacho considera excepcional, necesaria y proporcionada a la vista de la situación en la que se encuentran los perjudicados. De esta forma se pretende que quienes adquirieron acciones del Banco Popular a través de un préstamo otorgado por esta entidad no tengan que pagar sus respectivos cuotas mensuales hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el fondo de la denuncia.
Sanguino Abogados argumenta esta petición en la concurrencia de dos posibles delitos de estafa y falsedad contable. De esta forma se pretende evitar la prolongación de los perjuicios irrogados por los contratos de préstamo que se suscribieron y que por decisión unilateral del Banco Popular se encontraban de manera directa supeditados o vinculados a la obligatoriedad de suscripción de acciones ofertadas en la ampliación de capital.
A este respecto la solicitud incluye que se suspenda cualquier procedimiento judicial que pueda iniciarse por reclamación de cantidades y la prohibición de que se incluyan a las personas o empresas que firmaron estos préstamos en cualquier lista de morosos o registros de impagados
Pero la denuncia presentada por el despacho Sanguino Abogados va más allá de todos los movimientos judiciales emprendidos hasta el momento por las diferentes plataformas y organizaciones de afectados por la venta del Banco Popular. La principal novedad es que Sanguino Abogados ha solicitado a la Audiencia Nacional la adopción de medidas cautelares para que se suspendan de forma provisional los contratos de los préstamos que el Banco Popular firmó con personas y empresas para la compra de acciones de esta entidad.
Se trata de una medida que el despacho considera excepcional, necesaria y proporcionada a la vista de la situación en la que se encuentran los perjudicados. De esta forma se pretende que quienes adquirieron acciones del Banco Popular a través de un préstamo otorgado por esta entidad no tengan que pagar sus respectivos cuotas mensuales hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el fondo de la denuncia.
Sanguino Abogados argumenta esta petición en la concurrencia de dos posibles delitos de estafa y falsedad contable. De esta forma se pretende evitar la prolongación de los perjuicios irrogados por los contratos de préstamo que se suscribieron y que por decisión unilateral del Banco Popular se encontraban de manera directa supeditados o vinculados a la obligatoriedad de suscripción de acciones ofertadas en la ampliación de capital.
A este respecto la solicitud incluye que se suspenda cualquier procedimiento judicial que pueda iniciarse por reclamación de cantidades y la prohibición de que se incluyan a las personas o empresas que firmaron estos préstamos en cualquier lista de morosos o registros de impagados
