El Departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente de SANGUINO ABOGADOS celebrará unas jornadas informativas acerca de las soluciones que ofrece el nuevo decreto ley de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en Andalucía, recientemente aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Así lo ha anunciado la responsable del Departamento y socia de SANGUINO ABOGADOS, Vanessa Villegas, tras la reunión mantenida este mes con la junta directiva de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Irregular en Conil, municipio donde se estima que un tercio de la población vive fuera del núcleo urbano y, además, de un modo muy diseminado.
De este modo, a partir de octubre el despacho dará continuidad a este asunto, sobre el que empezó a trabajar en 2006, a través de un ciclo de jornadas informativas que recorrerá, entre otras poblaciones, la citada Conil de la Frontera (Cádiz) y los municipios sevillanos de Arahal, Alcalá de Guadaíra o Carmona, entre otros.
Para ello, el Departamento de Derecho Administrativo está realizando un análisis a fondo de las soluciones que ofrece el nuevo decreto para, después, plantearlas en aquellas localidades donde existen viviendas afectadas.
Según la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio esta situación afectaría a unas 300.000 viviendas, construidas al margen de la legalidad urbanística y que generan conflictos de diferente tipología: medioambientales, territoriales y registrales, afectando a los vecinos que las habitan, que se encuentran con trabas administrativas, y a sus respectivos ayuntamientos y empresas suministradoras de servicios.
El nuevo decreto, que deroga dos leyes (de 2016 y 2018) y el decreto de 2012, cuenta con tres elementos destacables: la generalización de la declaración de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), la posibilidad de planes especiales municipales para la adecuación ambiental y territorial de las agrupaciones de edificaciones irregulares y el planeamiento general, que seguirá siendo el instrumento para determinar los asentamientos urbanísticos que serán incorporados.
