Manuel Marchena, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla, acaba de cumplir sus primeras semanas de trabajo en SANGUINO ABOGADOS, donde ya ejerce como consejero. Su presentación pública fue el pasado 26 de octubre con una conferencia sobre cómo aplicar un urbanismo práctico en el sigo XXI, celebrada en la sede de SANGUINO ABOGADOS con un gran éxito de convocatoria y la presencia de destacados empresarios de Sevilla. En su intervención, Manuel Marchena destacó la necesidad de aplicar un urbanismo práctico, sostenido y de calidad. Para ello, consideró esencial que se “recupere el diálogo entre Administración y empresa, hoy prácticamente inexistente”. También reclamó la “máxima seguridad jurídica al sector”. Por ello, propuso una reforma integral de la gestión pública del urbanismo que haga posible “una actividad eficiente que beneficie a la sociedad”.
Desde su experiencia pasada al frente de la gerencia de Urbanismo y como director de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Sevilla, Marchena ha justificado esta necesidad de cambio en la gestión pública del urbanismo. En su opinión, “hay factores que interactúan y que dificultan que el urbanismo sirva para mejorar la vida de los ciudadanos”. Entre ellos, citó “la nula colaboración existente hoy entre las diferentes Administraciones para hacer posible un desarrollo urbanístico eficiente y la preocupante falta de confianza en lo político”. Sobre esto, señaló que “hay un deterioro evidente de la colaboración público-privada. Por ello, es necesario acabar con esa imagen del urbanismo bajo sospecha y recuperar el papel de los empresarios y los funcionarios que velan por el respeto a la ley”.
Manuel Marchena expresó que es “esencial” acabar con la incertidumbre actual del sector. “Las administraciones que tienen las competencias en urbanismo –afirmó- no tienen un criterio válido para abordar una planificación urbanística sostenida. Acabar con esta rigidez es fundamental”. Y puso ejemplos concretos: “Muchas veces los planes urbanísticos llegan tarde o se producen sentencias judiciales que revocan planes consolidados. Todo esto hace que los promotores huyan porque demandan suelos seguros, con todas las certidumbres posibles y con licencias”. También defendió la necesidad de unificar jurisprudencia en los Tribunales, ya que hoy las decisiones jurídicas que tienen que ver con el urbanismo parece que son pura lotería”.
