El despacho presenta una denuncia colectiva contra la cúpula del Banco Popular y la auditora PriceWaterHouseCoopers para resarcir los daños patrimoniales que han sufrido los accionistas, bonistas o inversores de deuda subordinada de la entidad
Andalucía. 13 de Julio 2017. Sanguino Abogados ha presentado ante la Audiencia Nacional una denuncia colectiva en nombre de la Asociación de Afectados por la Venta del Banco Popular, una plataforma que agrupa a unas 500 personas y empresas que compraron acciones, bonos o deuda subordinada de esta entidad.
El objetivo fundamental de esta denuncia, que va dirigida contra la cúpula directiva al completo del Banco Popular antes de su venta y contra la empresa auditora de esta entidad PriceWaterHouseCoopers, es resarcir los daños patrimoniales que han sufrido todos los accionistas, bonistas o inversores de deuda subordinada del Banco Popular que están integrados en esta Asociación.
Pero la denuncia presentada por el despacho Sanguino Abogados va más allá de todos los movimientos judiciales emprendidos hasta el momento por las diferentes plataformas y organizaciones de afectados por la venta del Banco Popular. La principal novedad es que Sanguino Abogados ha solicitado a la Audiencia Nacional la adopción de medidas cautelares para que se suspendan de forma provisional los contratos de los préstamos que el Banco Popular firmó con personas y empresas para la compra de acciones de esta entidad.
Se trata de una medida que el despacho considera excepcional, necesaria y proporcionada a la vista de la situación en la que se encuentran los perjudicados. De esta forma se pretende que quienes adquirieron acciones del Banco Popular a través de un préstamo otorgado por esta entidad no tengan que pagar sus respectivos cuotas mensuales hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el fondo de la denuncia.
Sanguino Abogados argumenta esta petición en la concurrencia de dos posibles delitos de estafa y falsedad contable. De esta forma se pretende evitar la prolongación de los perjuicios irrogados por los contratos de préstamo que se suscribieron y que por decisión unilateral del Banco Popular se encontraban de manera directa supeditados o vinculados a la obligatoriedad de suscripción de acciones ofertadas en la ampliación de capital.
A este respecto la solicitud incluye que se suspenda cualquier procedimiento judicial que pueda iniciarse por reclamación de cantidades y la prohibición de que se incluyan a las personas o empresas que firmaron estos préstamos en cualquier lista de morosos o registros de impagados
La Asociación de Afectados por la venta del Banco Popular ha registrado ya la adhesión de unos 500 asociados. Se trata en todos los casos de accionistas, bonistas o inversores de deuda subordinada del Banco Popular que a día de hoy han perdido su inversión. Como novedad, la Asociación también ha integrado a todos aquellos accionistas que hayan transmitido sus títulos antes de la venta del Banco y hayan sufrido fuertes pérdidas.
Los afectados que hasta hoy están integrados en esta Asociación suman unas inversiones en acciones, bonos o de deuda subordinada del Banco Popular que superan los 100 millones de euros.
Los casos más abundantes son empresas que suscribieron la última ampliación de capital, normalmente a crédito y con préstamos concedidos por el Banco Popular con la única finalidad de cubrir la ampliación, obligados para no perder sus líneas de circulante. Hay casos especialmente graves con empresas que han perdido todo el dinero de esta compra de acciones y que en estos momentos su actividad está en riesgo por las fuertes pérdidas que tendrán que absorber en sus balances.
