No cabe la menor duda que, tras un aforamiento limitado por la Constitución Española de 1978, el mismo ha tenido un efecto expansivo que, a la vista del ciudadano, predica una quiebra del principio de igualdad ante la Justicia. Si, además, este efecto expansivo del aforamiento se lleva al Derecho Comparado, los números resultan altamente alarmantes, siendo España uno de los países con mayor número de aforados de toda la Unión Europea.
Por los partidarios de esta figura se blande la necesidad de preservar determinadas figuras, como cargos públicos, parlamentarios, jueces… frente a toda suerte de demandas o denuncias espurias. Entre los detractores, por su parte, se sostiene que los ciudadanos perciben una justicia desigual de la que se benefician los políticos presuntamente corruptos, al no ser juzgados por los mismos tribunales que el resto de los ciudadanos.
Precisamente, esta presunción de que los políticos gozan de un privilegio a la hora de ser llevados a la justicia, junto con los numerosos casos de políticos corruptos, alcanza ahora rabiosa actualidad, reclamando una solución necesariamente consensuada, pero que siempre mitigue la sensación de injusticia del pueblo.
