Los importes de los recursos contenciosos-administrativos estimados asciende a 1,2 millones de euros
En los últimos años diferentes organizaciones y entidades han recibido por parte de la Junta de Andalucía notificaciones sobre el inicio de procedimientos para el reintegro del importe de subvenciones recibidas. El Departamento de Derecho Administrativo de SANGUINO ABOGADOS viene defendiendo los intereses de algunas destacadas entidades, tanto en vía administrativa como en vía judicial, trazando una estrategia integrada por elementos procesales y técnicos para conseguir la nulidad de las resoluciones de reintegro. Uno tras otro, los recursos interpuestos han sido estimados por las distintas Secciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En concreto SANGUINO ABOGADOS ha logrado para una misma entidad la estimación de la cuarta sentencia favorable. Gracias a esto la suma de los importes de los recursos contenciosos-administrativos estimados asciende a 1,2 millones de euros. Las alegaciones de SANGUINO ABOGADOS en defensa de los intereses de esta entidad se han centrado en: la defectuosa tramitación administrativa de los procedimientos de reintegro y la acreditación plena de la ejecución de las acciones formativas incluidas en la subvención.
En las Sentencias dictadas, la Sala ha podido pronunciarse sobre la prescripción de la acción de reintegro, pese a la férrea oposición de la Administración; sobre la ineficacia de los requerimientos de documentación, tildados por la propia Sala de “diligencia de argucia”; sobre la ausencia de trámites de audiencia; sobre las ampliaciones de plazos improcedentes; sobre la caducidad del procedimiento tanto del procedimiento de reintegro como del procedimiento de control financiero, y un largo etcétera de argumentos. De hecho, todas las Sentencias, sin excepción, condenan a la Administración al pago de las costas procesales causadas en el procedimiento.
La estimación de estos recursos contencioso-administrativos permitirá a la entidad solventar la delicada situación económico-financiera a la que se vio abocada con motivo de todos los reintegros de subvenciones exigidos por la Administración, ahora anulados por estas Sentencias. No obstante, la pregunta ahora tras esta acción jurídica es: ¿qué hubiera pasado si estos pronunciamientos no hubieran llegado a tiempo? Afortunadamente, en esta ocasión, no ha ocurrido.
