500 personas participaron en la conferencia inaugural de Vanessa Villegas, responsable del Departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente de Sanguino Abogados
SANGUINO ABOGADOS ha tenido un papel principal en la Jornada “Los retos de la nueva Ley de contratos del sector público”, celebrada en Madrid con 500 asistentes. La Red Elige (Red de Empresas Locales de Interés General), AEAS y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) han hecho posible el foro más importante especializado en la nueva normativa que entra en vigor el 9 de Marzo. Vanessa Villegas pronunció la conferencia de apertura de esta Jornada en la que expuso los objetivos y principios de la nueva Ley.
En su intervención, detalló los objetivos y principios que tiene la Nueva Ley de Contratos del Sector Público, teniendo en cuenta que la misma persigue aportar mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio para los contratos del sector público, que suponen aproximadamente un 20% del PIB, unos 200.000 millones de euros. También analizó la adaptación de la nueva Ley española a las directivas que ha ido aprobando la Unión Europea tras culminar un proceso de revisión y modernización de las normas sobre contratación pública, al objeto de incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la contratación pública.
Otro tema planteado fue el peso que tendrán en las adjudicaciones de los contratos públicos nuevos criterios como los aspectos sociales, medioambientales o de innovación de las empresas que presenten ofertas. Para que la adjudicación de contratos sea más transparente y se alcance una mejor relación calidad-precio, la nueva Ley persigue obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato. También se da satisfacción aquí a la necesidad de simplificación de los trámites y, con ello, de imponer una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las PYMES.
