Este Despacho, que representa a la Asociación de Afectados por la Venta del Banco Popular, quiere que la Audiencia Nacional investigue si esta entidad tuvo información privilegiada y si la usó para beneficiarse en la compra del Popular
SANGUINO ABOGADOS, en representación de la Asociación de Afectados por la Venta del Banco Popular, ha ampliado contra Banco Santander la denuncia colectiva que ya presentó en julio de 2017. Dicha acción iba inicialmente dirigida contra la cúpula directiva del Banco Popular y contra la empresa auditora Price Waterhouse Coopers (PwC).
La referida denuncia, que tiene como objetivo depurar las responsabilidades penales oportunas y resarcir los daños patrimoniales que han sufrido los accionistas, bonistas o inversores de deuda subordinada del Banco Popular, ya fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre. Entonces la denuncia estaba formulada contra el Banco Popular S.A., sus máximos responsables y directivos (Ángel Ron, Roberto Higuera, Pedro Larena y Emilio Saracho) y la mercantil Price Waterhouse Coopers (PwC), que actuó como empresa auditora de las cuentas del Banco Popular.
Ahora, SANGUINO ABOGADOS amplía la denuncia contra el Banco Santander para que la Audiencia Nacional investigue si esta entidad pudo tener información privilegiada, frente a otros potenciales compradores, y usó dicha información para adquirir la entidad Banco Popular por un euro.
La Asociación de Afectados por la venta del Banco Popular, representada por SANGUINO ABOGADOS, agrupa en estos momentos a más de 300 asociados. Se trata mayoritariamente de accionistas, bonistas o inversores de deuda subordinada del Banco Popular, aunque también se han integrado todos aquellos accionistas que transmitieron sus títulos antes de la venta del Banco y que, por ello, también sufrieron fuertes pérdidas.
Los afectados que forman parte de esta Asociación suman unas inversiones en acciones, bonos o de deuda subordinada del Banco Popular que superan los 100 millones de euros. Los casos más abundantes son empresas que suscribieron la última ampliación de capital, normalmente a crédito y con préstamos concedidos por el propio Banco Popular, con la única finalidad de cubrir la ampliación, obligados para no perder sus líneas de circulante.
