Madrid ha acogido este jueves 22 de febrero el mayor foro especializado en la nueva Ley de Contratos del Sector Público que entrará en vigor el próximo día 9 de Marzo gracias a unas Jornadas organizadas por la Red Elige (Red de Empresas Locales de Interés General) y AEAS, con la colaboración del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) dependiente del Ministerio de Hacienda y Administración Pública.
Sanguino Abogados Crowe Horwath ha tenido un papel principal en el programa de estas Jornadas en la que participan más de 500 personas. Vanessa Villegas, responsable del Departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente de Sanguino Abogados, ha pronunciado la conferencia de apertura de este encuentro. En su intervención ha expuesto los objetivos y principios que tiene la Nueva Ley de Contratos del Sector Público, teniendo en cuenta que la misma persigue aportar mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio para los contratos del sector público, que suponen aproximadamente un 20% del PIB, unos 200.000 millones de euros.
En este sentido Vanessa Villegas ha desgranado a la adaptación de la nueva Ley española a las directivas que en este campo ha ido aprobando la Unión Europea tras culminar un proceso de revisión y modernización de las vigentes normas sobre contratación pública al objeto de incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la contratación pública, así como permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. En su intervención Vanessa Villegas también ha analizado el peso que tendrá en las adjudicaciones de los contratos públicos nuevos criterios de adjudicación, como los aspectos sociales, medioambientales o de innovación de las empresas que presenten sus ofertas.
Para que la adjudicación de contratos por parte de las administraciones públicas sea mucho más transparente y se alcance una mejor relación calidad-precio, la nueva Ley establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato. También se da satisfacción aquí a la necesidad de simplificación de los trámites y con ello, de imponer una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las PYMES. El proceso de licitación debe resultar más simple, con la idea de reducir las cargas administrativas de todos los operadores económicos intervinientes en este ámbito, beneficiando así tanto a los licitadores, como a los órganos de contratación.
Se introducen normas más estrictas tanto en beneficio de las empresas como de sus trabajadores, de manera que las nuevas normas endurecen las disposiciones sobre esta materia en las denominadas ofertas «anormalmente bajas». Así se establece que los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.
