Muchos son los argumentos en favor y en contra del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Así, entre los detractores del mismo se destaca el incumplimiento de sus funciones redistributivas, la doble imposición que supone -al gravar una renta que ya fue objeto de tributación el hecho de que recaiga principalmente sobre las clases medias que no pueden aplicar estrategias de ahorro fiscal, y las enormes diferencias normativas entre las diferentes Comunidades Autónomas. Por su parte, aquellos que están a favor destacan su importancia en la redistribución de la riqueza de forma que se limiten las acumulaciones permanentes de riqueza en determinados niveles de la sociedad.
Cuestiones técnicas a parte, lo cierto es que se trata de un tributo que últimamente está siendo muy cuestionado por un amplio sector de la sociedad andaluza, que considera que se trata de un tributo injusto. Es curioso que esta reivindicación aparezca ahora con tanta fuerza, sobre todo tratándose de uno de los tributos más longevos de nuestro sistema tributario, quizá parte de la culpa se deba a la facilidad con la que fluye hoy en día la información por las redes sociales, unido al hecho de que, salvo contadas excepciones, a nadie le gusta que le metan la mano el bolsillo, sea uno del color político que sea.
En relación con lo anterior, Susana Díaz ha manifestado recientemente su intención de reformar de nuevo el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones debido al “proceso de deslegitimación” del mismo que se ha venido produciendo. Esperamos que en breve se logre un acuerdo que dé una solución definitiva a esta cuestión y, mientras tanto, cuídense todo lo que puedan, dado que la normativa que se aplicaría sería la que estuviese en vigor a la fecha del deceso.
